Pagos asociados para que la ganadería no pierda recursos

Respecto a la cuestión de los pagos asociados, Clemente defenderá ante el Ministerio por utilizar el límite máximo permitido —el 13%— y por incluir estas ayudas de forma prioritaria a la ganadería sin tierra y a sectores como el vacuno de leche y de cebo y el ovino-caprino. «El objetivo no es otro que los ganaderos mantengan el nivel de ayudas y no pierdan recursos económicos», aseveró.

Los sindicatos agrarios consideran que el sector ganadero es el más perjudicado tras el acuerdo alcanzado en Bruselas, especialmente, la ganadería extensiva sin tierras ya que a partir de 2015 parte de las ayudas dejarán de estar vinculadas al número de cabezas y lo harán al número de hectáreas de la explotación.

El acuerdo de la UE abre nuevas oportunidades, según la consejera, para avanzar en la búsqueda de mecanismos en el ámbito de funcionamiento de los mercados. Así, la Junta considera imprescindible conjugar el margen de maniobra de la nueva propuesta de reglamento sobre la OCM, con las diferentes iniciativas legislativas de carácter nacional (Ley del cadena de Valor y Ley de la concentración de la oferta) o autonómico, como la próxima Ley Agraria de Castilla y León.

Con relación a este tema, la consejera de Agricultura ha recordado que esta es una cuestión de enorme importancia, ya que el mantenimiento de las rentas del sector agrario no se puede encontrar solamente en las ayudas públicas, que de media representan un 30 por ciento de los ingresos, sino también en la mejora de los ingresos procedentes de la venta de sus producciones.

Cuotas

Por último, también subrayó que en la reforma de la PCA también se ha conseguido prolongar hasta el 2017 el régimen actual de las cuotas en el sector azucarero. Este acuerdo, que supone dos años más de mantenimiento de cuotas, ha sido bien recibido por la industria, que considera que permitirá al sector disponer de más tiempo para ganar en competitividad industrial y afianzar las importantes inversiones industriales realizadas en los últimos años, y a los cultivadores mejorar aún más los rendimientos agrícolas conseguidos hasta la fecha. Clemente también valoró porsitivamente que se salvaguarden los derechos de plantación de viñedo hasta 2030, «lo que permitirá seguir desarrollando una política de calidad en la producción de vino de Castilla y León».

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